Todas las entradas de: javier.prenafeta

A propósito de la Proposición no de Ley de UPyD para la mejora de las ILP

El pasado mes de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la Proposición no de Ley de Unión Progreso y Democracia (UPyD) para modificar algunos aspectos en relación con la participación ciudadana en procesos legislativos por medio de Iniciativas Legislativas Populares.

Las propuestas de reforma de la Ley Orgánica 3/1984 van encaminadas a agilizar las barreras existentes, en especial por el escaso periodo de tiempo establecido para el proceso de recogida de firmas, actualmente de seis meses, proponiéndose su extensión a doce meses en la línea de los estándares de la Unión Europea. Asimismo, prevé la posiblidad de que las Comisiones Promotoras puedan defender y argumentar su ILP ante el Pleno del Congreso, y que una vez se haya acreditado el número de firmas exigidas se incluya la proposición en el orden del día del Pleno en un plazo máximo de tres meses para su toma en consideración.

Señala asimismo la propuesta que el número de firmas exigido en España, de 500.000, más de diez veces superior a lo que la Unión Europea requiere para tramitar iniciativas ciudadanas, hace actualmente complicado el ejercicio de esta potestad, si bien no plantea UPyD reducir dicho número de firmas.

Por último, la proposición plantea crear “un sitio web oficial que canalice todas las ILP, estandarizando el proceso de registro de las iniciativas y permitiendo recabar el apoyo de los ciudadanos a través de procedimientos seguros de firma electrónica”.

Desde la Asociación Mifirma queremos señalar que apoyamos y agradecemos cualquier propuesta que contribuya al desarrollo y promoción de las ILP, y en este sentido entendemos el planteamiento del Grupo Parlamentario UPyD mejora la situación actual.

No obstante, respecto a la creación de un sitio web oficial que aglutine las ILP, entendemos el enfoque no es adecuado, en tanto supondría una ingerencia de los poderes públicos en las iniciativas ciudadanas que podria poner en riesgo su realidad.  Esto es, en la medida en que la ILP permite la participación directa de los ciudadanos en la producción o reforma de normas juridicas, introducir la posibilidad de que dicho derecho se canalice a través de espacios sujetos al control de la Administración podría otorgar a ésta facultades de supervisión y fiscalización, ya no sólo de las ILP o sus Comisiones Promotoras, sino de los propios firmantes de las mimsmas, lo que entendemos sería contrario al espíritu de la ley.

En este sentido, y partiendo de la base de que toda iniciativa que persiga favorecer el desarrollo de las ILP y en especial mediante el uso de sistemas de firma electrónica, constituye un avance, consideramos que los poderes públicos deben limitarse a proporcionar los mecanismos mínimos para garantizar el ejercicio y realidad de este derecho, e incluso promover y facilitarlo, sin más condiciones que las previstas en la Constitución Española.

Por ello nos parece rechazable la interpretación que hasta ahora han venido manteniendo la Junta Electoral Central y el Parlamento andaluz en relación con los sitemas de firma electrónica que se pueden utilizar para el apoyo a las iniciativas que se presentan ante el Congreso de los Diputados que, en última instancia supone una interpretación contraria a la normativa sobre firma electrónica y a la exigencia de neutralidad tecnológica que debieran respetar los poderes públicos. Del mismo modo, el criterio del Parlamento de Cataluña de no permitir el uso de la firma electrónica en relación con las iniciativas populares que se presenten ante dicha institución resulta inadmisible tanto desde la perspectiva de la legislación estatal sobre firma electrónica, asimismo, si tenemos en cuenta la regulación europea.