Iniciativas Populares en el ámbito municipal

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La iniciativa colectiva de los ciudadanos para proponer la tramitación y, en su caso, aprobación de una norma se ha reducido tradicionalmente al ámbito de las leyes, es decir, sus destinatarios ha sido el poder legislativo, ya las Cortes Generales en el ámbito estatal ya las asambleas legislativas en el autonómico. En ese sentido, es un lugar común hablar de Iniciativas Legislativas Populares —ILPs— como si dicha modalidad de participación estuviera limitada a dichos ámbitos, desconociendo que existen otras posibilidades de promover normas en un ámbito como el local, más cercano a los problemas diarios.

Efectivamente, el artículo 70.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce a los vecinos del municipio el derecho a ejercer la iniciativa popular «presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal». La principal diferencia con la regulación de las iniciativas legislativas se refiere a su objeto, puesto que los municipios carecen de la competencia para aprobar normas con rango de ley, de ahí que se establezca la posibilidad de promover normas reglamentarias que normalmente adoptarán la forma de ordenanzas. Sin embargo, la posibilidad de acudir a este instrumento de participación en el ámbito local es mucho más amplia, ya que también puede referirse a «propuestas de acuerdos o actuaciones […] en materias de la competencia municipal». Es decir, no sólo se pueden promover ordenanzas sino también meras decisiones y actuaciones que no tengan carácter normativo, tales como decidir acerca del uso de un edificio municipal, cambiar el nombre a una plaza o, por ejemplo, suscitar una moción de contenido político.

La eficacia de la iniciativa lleva a obligar al Pleno Municipal a debatir y votar acerca de su contenido, al igual que sucede en el ámbito de las iniciativas legislativas, si bien la concreta adopción de las medidas que conlleve su aprobación corresponde al órgano que sea competente para adoptarse. Eso sí, el contenido de las iniciativas no puede ser contrario a Derecho, de ahí que se requiera el informe preceptivo del secretario de la Corporación y, si tuviese contenido económico, del interventor.

La iniciativa ha de ser apoyada por un número mínimo de vecinos, que va desde el 20 % para los municipios de hasta 5.000 habitantes hasta el 10% para los que tengan más de 20.000, mientras que para los que se encuentren en el nivel intermedio se exige el apoyo del 15%. Aun cuando no se reconozca expresamente la posibilidad de utilizar la firma electrónica para recabar dichos apoyos, dicha vía se encuentra admitida por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Más aún, el propio artículo 70.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local exige a los municipios que impulsen «la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos».

¿Qué mejor manera de hacerlo que estimulando la presentación de iniciativas populares? Parece fuera de toda duda que el carácter democrático de nuestras Administraciones municipales se vería reforzado con esta sencilla medida. ¿No estaba de moda el Gobierno Abierto?

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